José Giral y el pucherazo del Frente Popular en Cáceres (1936) – D. Niceto Alcala Zamora

Heraldo de Madrid, 19 de febrero 1936

Heraldo de Madrid, 19 de febrero 1936

Aparecido el 19 de febrero de 2011  en el blog de Manuel Barragán-Lancharro

La historiografía al uso habla sin ningún rubor de la impoluta limpieza del proceso electoral del 16 de febrero de 1936, los comicios que dieron la victoria al Frente Popular de Izquierdas. Pero hay indicios claros de manipulación, de pucherazo y de alteraciones de actas que convirtieron las minorías en mayoría, y los candidatos derrotados en victoriosos y exultantes diputados. Por supuesto, estos manejos, a la luz de las normas y de cualquier principio ético, hacía ilegítimo cualquier gobierno que se aprovechara de esta ventaja, como así fue.

Haciendo una dejación de funciones, el Presidente del Consejo de Ministros, el centrista Manuel Portela Valladares, ex Conde de Brías, dimitió el 19 de febrero, tres días después de las elecciones. Entonces fue llamado para sustituirle el líder del Frente Popular, Manuel Azaña. Es decir, la situación normal es que hasta la constitución de las Cortes permaneciera en funciones el Gobierno convocante como garantías para la limpieza del proceso.

No fue así. La dimisión de Portela Valladares hizo que todo el engranaje institucional se derrumbara, empezando por los Gobernadores Civiles, garantes, junto con las Juntas Provinciales del Censo Electoral de la limpieza de los comicios, proceso, que curiosamente se habían producido varios días antes. Niceto Alcalá-Zamora, prsidente de la Republica,  dejó escrito en sus memorias, hoy por fin recuperadas, que «la fuga de los gobernadores y su reemplazo tumultuario por irresponsables y aún anónimos, permitió que la documentación electoral quedase en manos de subalternos, carteros, peones camineros o sencillamente de audaces asaltantes».

Manuel Portela Valladares, entre el general Batet y el coronel Francisco Jiménez Arenas.

Manuel Portela Valladares, entre el general Batet y el coronel Francisco Jiménez Arenas.

 el relato de las Memorias de Alcalá-Zamora (las que rehízo después de la guerra porque fueron robadas las primeras en 1937 de una Caja de Seguridad de un banco de Madrid por Wescelao Carrillo, padre de Santiago, y que aparecieron hace un par de años en manos de un particular) que informa de la gravedad de la situación: «¿Cuántas actas falsificaron? Según carta que a fines de 1936 tuvo la osadía de dirigirme Portela cuando creyó con error que yo podía favorecerle con de una de sus volteretas políticas, sólo se cambiaron los resultados de dos provincias, Coruña y Cáceres, que eligen veinticinco diputados».

A continuación Alcalá-Zamora da los siguientes datos concretos: «Lo de Cáceres no podía negármelo, ya que el 19 de febrero le pedía salir resucitado ilegalmente en el puesto de la minoría Giral, a quien se proclamaba el 20 el primero de la mayoría».

Es decir, según el que fuera Presidente de la República Española, Portela le había confesado que tenía conocimiento de la maniobra del Frente Popular para que la candidatura de Giral en Cáceres pasara de perdedora a victoriosa ilegalmente. Las memorias originales las retiene actualmente el Ministerio de Cultura; cuando han sido reclamadas por José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, nieto del presidente republicano, recibió como respuesta de la Dirección General del Libro que «los funcionarios de la Memoria Histórica no consideran que éste sea el momento de sacarlos a la luz porque podrían crispar».  (dichas memorias a fecha de hoy se han publicado finalmente, en 3 entregas)

En 1937, y más concretamente el 17 de enero, Niceto Alcalá-Zamora publicó en el diario suizo “Journal de Geneve” un artículo muy interesante sobre estas elecciones del 16 de febrero:

Memorias de Alcala Zamora, presidengte de la II Republica

Memorias de Alcala Zamora, presidengte de la II Republica

A pesar de los refuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente un poco más, muy poco, 200 actas, en un Parlamento de 473 diputados. resultó la minoría más importante pero la mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y conciencia

Primera etapa:

Desde el 17 de febrero, incluso desde la noche del 16, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados, la que debería haber tenido ante las Juntas Provinciales del Censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el poder por medio de la violencia. Crisis: Algunos Gobernadores Civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales: En muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados. 

Segunda etapa:

Conquistada de este modo, fue fácilmente hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer en la Cámara una Convención, aplastar a la oposición y sujetar el grupo menos exaltado del Frente Popular. Desde el momento en que la mayoría de izquierdas pudiera prescindir de él, este grupo no era sino el juguete de las peores locuras. Fue así que las Cortes prepararon dos golpes de estado parlamentarios. Con el primero, se declararon a sí mismas indisolubles durante la duración del mandato presidencial. Con el segundo me revocaron. El último ostáculo estaba descartado en el camino de la anarquía y de todas las violencias de la guerra civil». 

En román paladino: En la circunscripción de la provincia de Cáceres el Frente Popular fue vencido por la CEDA, pero en la confusión ya pidieron a Portela Valladares ayuda para alterar los resultados para que uno de los vencidos, José Giral Pereira, fuese el vencedor. Esta circunstancia ha sido estudiada por Fernando Ayala Vicente en Las elecciones en la provincia de Cáceres durante la II República (Editora Regional de Extremadura, 2001) pero no cita lo que dice Alcalá-Zamora, ni tampoco consta en la bibliografía del volumen.

Ayala Vicente es actualmente Secretario de Memoria Histórica del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. Ayala Vicente no es sospechoso de nada, utiliza como fuente fundamental para estudiar el pucherazo del Frente Popular en Cáceres los datos contenidos en el Apéndice I al Dictamen de la Comisión sobre Ilegitimidad de Poderes Actuantes en 18 de julio de 1936, aparte de la documentación de la Diputación y del Gobierno Civil de Cáceres.

Adolfo Rodríguez-Jurado

La Comisión sobre Ilegitimidad de Poderes Actuantes en 18 de julio de 1936 se creó en 1938 y tuvo la misión de preparar un dictamen para «demostrar plenamente la ilegitimidad de los poderes actuantes en la República española en 18 de julio de 1936». Uno de sus miembros era Adolfo Rodríguez-Jurado, el cual había sido despojado de su acta de diputado a Cortes por el pucherazo del Frente Popular en Cáceres.

Dicha comisión estaba formada por juristas y políticos, monárquicos y republicanos. Estaba presidida por Ildefonso Bellón Gómez, Magistrado del Tribunal Supremo, y los vocales eran Adolfo Pons y Umbert (Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Académico de la de Ciencias Morales y Políticas, ex diputado a Cortes), Joaquín Fernández Prida (Catedrático de Derecho Internacional, miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, ex Ministro de Estado), Antonio Goicoechea y Coscuyuela (Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ex Ministro, ex Diputado a Cortes, Oficial Letrado del Consejo de Estado), Federico Castejón y Martínez de Arizala (Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, Magistrado del Tribunal Supremo), Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones (Presidente de la Real Academia de Bellas Artes, ex Presidente del Gobierno, del Congreso y del Senado, ex Ministro, ex Diputado a Cortes), Abilio Calderón Rojo (ex Ministro de Fomento, ex Diputado), José María Trías de Bes (Catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona, y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria), Manuel Torres López (Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca), Salvador Bermúdez de Castro, ex Ministro, ex Diputado a Cortes, Académico de la de Ciencias Morales y Políticas), José Manuel Pedregal (ex Ministro, ex Diputado a Cortes), José María Cid Ruiz-Zorrilla (ex Ministro, ex Diputado a Cortes, Abogado del Estado), Rafael Aizpún Santafé (ex Ministro, ex Diputado a Cortes), José Gascón y Marín, ex Ministro, ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, ex Diputado a Cortes), Eduardo Aunós Pérez (ex Ministro), Santiago Fuentes Pila (ex Diputado a Cortes), Romualdo de Toledo y Robles (ex Diputado a Cortes), Rafael Matilla Entrena (Delegado de Justicia y Derecho de la provincia de Madrid), Rafael Garcerán Sánchez (Secretario del Servicio Nacional de Justicia y Derecho), José Luis Palau y Martín-Alay (Capitán del Cuerpo Jurídico Militar).

LA ILEGITIMIDAD DE LOS PODERES DEL FRENTE POPULAR: Ávila, enero de 1939.- El magistrado del Tribunal Supremo Ildefonso Bellón (2d), como presidente; el letrado Rafael Garcerán (2i), como vocal secretario, y el catedrático José María Trias de Bes (d), como vocal, miembros de la Comisión dictaminadora sobre la ilegitimidad de todos los poderes públicos actuantes el 18 de julio de 1936, toman declaración al guardia de Asalto Aniceto Castro (i), uno de los ocupantes de la camioneta de la Dirección General de Seguridad en la que fue asesinado José Calvo Sotelo.

LA ILEGITIMIDAD DE LOS PODERES DEL FRENTE POPULAR: Ávila, enero de 1939.- El magistrado del Tribunal Supremo Ildefonso Bellón (2d), como presidente; el letrado Rafael Garcerán (2i), como vocal secretario, y el catedrático José María Trias de Bes (d), como vocal, miembros de la Comisión dictaminadora sobre la ilegitimidad de todos los poderes públicos actuantes el 18 de julio de 1936, toman declaración al guardia de Asalto Aniceto Castro (i), uno de los ocupantes de la camioneta de la Dirección General de Seguridad en la que fue asesinado José Calvo Sotelo.

Pucherazo_electoral_Frente_Popular_Cáceres_1936_II_República

En el Apéndice I al Dictamen de la Comisión sobre Ilegitimidad de Poderes Actuantes en 18 de julio de 1936 existe transcrita una declaración muy interesante de Luis Villegas Bermúdez de Castro, Secretario de la Diputación y de la Junta Provincial del Censo Electoral de Cáceres:

«En Cáceres a 23 de diciembre de 1936, comparece el señor anotado al margen […] dijo llamarse como queda dicho, mayor de edad, viudo, natural de Valencia de Alcántara, vecino de esta ciudad y Secretario de la Diputación Provincia. Preguntado si en la noche del 19 al 20 de febrero último hubo alguna reunión en el Gobierno Civil, qué personas la formaban y que fines perseguían, dijo: Que la expresada noche fue llamado a eso de las tres horas para que acudiera al Gobierno Civil, por haber sido llamado por el Gobernador; que al llegar al edificio del Gobierno y cruzar los pasillos, vio en ellos a varias personas, entre las que recuerda a don Indalecio Valiente, Telesforo Díaz Muñoz, Luis Martínez Carbajal, Jacinto Herrero, y al entrar en el despacho del Gobernador le indicó éste que el objeto de la llamada era para que diera posesión al nuevo Presidente de la Diputación por haber sido destituido el anterior, don José Bulnes. Y al efecto le presentó a don Santiago Sánchez Moras, a quien el declarante no conocía, y al cual veía por primera vez; pasaron al despacho contiguo al del señor Gobernador y allí vio y le fue presentado don Faustino Valentín candidato a Diputado a Cortes […]

Preguntado manifieste si sabe el objeto que llevaban dichos señores a estar esa noche en el Gobierno Civil, dijo que era la sustracción de la documentación electoral, dice que no puede asegurar que todas las personas que se encontraban allí, y que eran más que las citadas, pero cuyos nombres no recuerda, llevara la finalidad a que se refiere la pregunta, aunque supone que sí, por los indicios que pudo recoger durante el tiempo que permaneció en el Gobierno Civil; solamente puede hacer afirmaciones categóricas respecto a las personas que intervinieron en los hechos que a requerimiento del Juzgado va a referir. Después de dar posesión al nuevo presidente de la Diputación […]

Al quedarse solo en el despacho con el señor Sánchez Moras, éste le requirió, invocando su carácter de presidente de la Diputación Provincial para que le entregara la documentación electoral, que debía obrar sus efectos al día siguiente en el acto de escrutinio general para las elecciones de diputados a Cortes. A lo cual se negó el declarante; insistió el presidente, diciendo que eso era un acto que no tenía importancia alguna, que nadie lo sabría y que no había de envolver responsabilidad alguna para el que dice. Éste insistió también terminantemente en su negación, y en vista de ellos, fue llamado al despacho el señor Valentín, el cual trató de convencer al que declara de que debía acceder a las pretensiones del señor Sánchez Mora, empleando para ello distintos argumentos, entre otros el que el declarante no tendría responsabilidad alguna porque obraba en virtud de obediencia debida, que, además el hecho no sería por nadie conocido, que él traía a Cáceres la misión especial del Gobierno de la República de sacar triunfante la candidatura de izquierdas en el acto de escrutinio, cualquiera que fuera el procedimiento que tuviera que emplear, pues la documentación que había llegado a la Junta Provincial del Censo había sido amañada por las derechas y había que destruir esta labor.

Que el Gobernador Civil estaba detenido en el mismo Gobierno, que el señor Gil Robles había huido de Madrid; a pesar de todas estas manifestaciones el declarante insistió en su negativa, y dijo terminantemente que el cumpliría con su deber en todo momento y que no llevaba veinticuatro años de probidad profesional para perderla en una noche, pues bastaba para ello a impedirlo el concepto que tiene de su responsabilidad moral, aún cuando le asegurasen que estaba libre de cualquiera otra; entonces el señor Valentín le indicó su propósito o resolución de destituirle del cargo de Secretario de la Diputación diciendo el declarante que sólo así entregaría la documentación, puesto que cesaba en sus funciones. Acto seguido le entregaron unos oficios en que se le suspendía del cargo, manifestándole que el nuevo secretario era don José Herrera Quiroga, quien se presentó ipso facto, levantándose el acta correspondiente. Y haciendo entrega de la las llaves del arca de la Diputación en donde estaba guardada la documentación, manifestando antes que la otra llave del arca estaba en poder del señor Depositario de fondos, pues el que declara, temiendo el asalto de las izquierdas para sustraer la documentación había adoptado la precaución de cerrar ésta en la caja de caudales de la Diputación en la tarde anterior, pidiendo este favor al señor Depositario, en cuyo poder quedó la otra llave, lo cual tenía por objeto demostrar que durante el tiempo que la documentación estuvo bajo la custodia del secretario de la Diputación no había sufrido alteración alguna en previsión de que ésta se hubiera hecho antes de llegar a la Junta en algún otro lugar. Acto seguido abandonó el local del Gobierno Civil, debiendo advertir que la entrega de las llaves se la hizo al Depositario de la Diputación, que había sido llamado».

En 1937 se realizó un dictamen pericial caligráfico por José Bueno Baz, Licenciado en Ciencias Históricas del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecarios y Arqueólogos, yFernando Marcos Calleja, Archivero de la Diputación Provincial. Los peritos dictaminaron que había actas de diferentes pueblos que estaban escritas de puño y letra por José Herrera QuirogaLeopoldo Sánchez Galindo y Santiago Sánchez Mora. Claro, actualmente, Fernando Ayala Vicente que tan interesante aportación hizo con su tesis doctoral, ahora «olvida selectivamente» estos acontecimientos. Por ejemplo, en un artículo conjunto con Felipe Cabezas Granados, publicado en Hoy el 15 de febrero de 2008 en ocasión del centenario del nacimiento de Romero Solano, no cita que gracias al pucherazo éste fue proclamado ilegítimamente e ilegalmente diputado por Cáceres en 1936.

Por cierto, en la zona leal, que como denominaba comúnmente a la zona roja, Romero Solano utilizaba papel con el membrete que anunciaba la condición de Diputado a Cortes por Cáceres para denunciar ante Ángel Pedrero (que fue más tarde jefe del Servicio de Información Militar) la existencia de una «familia facciosa» en Madrid para que «procediera en consecuencia». Este juego de palabras no significaba que le fuera a llevar un ramo de flores precisamente.

Si se hubiera respetado la voluntad electoral, hubieran sido proclamados Diputados siete candidatos de la Coalición de Derechas (Teodoro Pascual Cordero, Víctor José Berjano, Adolfo Rodríguez Jurado, Eduardo Silva Gregorio, Luis María Narváez Ulloa [Marqués de Oquendo], Honorio Maura Gamazo) y tres del Frente Popular (José Giral Pereira, Izquierda Republicana; Luis Martínez Carbajal, Unión Republicana; y Fulgencio Díez Pastor, Izquierda Republicana). El recuento falsificado dieron la victoria de 7 diputados del Frente Popular (José Giral Pereira; Luis Martínez Carbajal; Fulgencio Díez Pastor; Faustino Valentín Torrejón, Unión Republicana; Luis Romero Solano, socialista; Rafael Bermudo Arduras, socialista; e Higinio Felipe Granados, socialista) y dos de la Coalición de Derechas (Teodoro Pascual Cordero y Víctor José Berjano).

Fernando Ayala en su estudio no ha ofrecido ni siquiera una hipótesis de este proceder, cosa que parece obvia con la cantidad de datos que ha tenido a su disposición. La clave está en un cuadro explicativo del avance de resultados provisionales (página 169) que envió a Madrid el Gobernador Civil, el último a las 14,10 del 19 de febrero de 1936. A falta de hacerse un recuento definitivo peligraba que el propio José Giral Pereira, íntimo amigo de Azaña y unos de los prebostes de Izquierda Republicana perdiera su escaño. José Pereira fue presidente del Gobierno desde el 19 de julio hasta el 4 de septiembre de 1936, época en la que se inició la revolución y una de las primeras fases del terror en la zona leal republicana. De ahí que Alcalá-Zamora dijera en sus memoria que el objeto de la manipulación en Cáceres fuera la de asegurar el puesto de José Giral. Cuando cesó Giral como presidente (el 4 de septiembre de 1936) fue asesinado Honorio Maura (al que le habían arrebatado su acta de diputado por Cáceres) por una partida de milicianos anarquistas en el Fuerte de Guadalupe de Fuenterrabía.

El doctor Antonio Piga contempla el cadáver de Calvo Sotelo tendido este sobre una mesa de autopsias

El doctor Antonio Piga contempla el cadáver de Calvo Sotelo tendido este sobre una mesa de autopsias

El diputado Teodoro Pascual Cordero, a pesar de su condición de parlamentario, fue asesinado por los milicianos del Frente Popular. Su asesinato se conoció en 1939. Así en el ABC de Madrid del 10 de agosto de ese año se publicó una esquela para una misa de los Abogados del Estados «caídos por Dios y por España» entre los que estaba Pascual: «Excmo. Sr. D. José Calvo Sotelo, protomátir de la Gloriosa Cruzada Nacional. Marcelino Valentín Gamazo, Juan de Isasa y del Valle, Porfirio Silván González, Juan Manuel de Estrada y Soler, José Gómez de la Serna y Favre, Leandro González Reviriego, Manuel Gómez-Acebo Modet, Pedro Redondo Sanz, Wescelao Manzaneque y Fraile, Antonio María Acuña, Daniel Mondéjar Funez, Santiago Alonso de Villapadierna y Gallego, José Colomer y Vidal, Federico Salmón Amorín, Luis Belda y Soriano de Montoya, Dimas Adánez y Horcajuelo, Jesús Yébenes García, Teodoro Pascual Cordero, Fermín Daza y Díaz del Castillo, Luis Ruiz-Valdepeñas y Utrilla, Juan Rovira Roure, Juan F. Gómez Molleda, Celestino Lázaro Fernández, Ángel Aguado Serrano, Ángel Castro Menéndez, Juan R. Godínez y Sánchez».

fuente: http://historiademonesterio.blogspot.com.es/2011/02/la-historiografia-al-uso-habla-sin.html

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