Crisis de responsabilidad en una democracia adolescente

Crisis de responsabilidad en una democracia adolescente 

Benito Arruñada 

Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra

benito.arrunada@upf.edu

Publicado en Procesos de Mercado, 7(1), 2010, 259-274

Resumen 

España está siendo incapaz de adoptar reformas imprescindibles para el crecimiento económico y se teme un estancamiento duradero. Las raíces de esta parálisis son profundas. Desde antiguo, hemos reaccionado tarde y mal a las crisis. Por suerte, hoy tenemos más razones para ser optimistas de las que había en el pasado. Contamos con las personas adecuadas, por lo que salir de la crisis sólo requiere eliminar frenos al crecimiento. Las reformas necesarias guardan así relación con la libertad y la competencia, pero su auténtico denominador común es la responsabilidad. Nuestra democracia solo será adulta cuando hayamos asumido que los derechos comportan deberes, y que la libertad requiere responsabilidad. Hemos de aplicar este principio a todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluidas las empresas, los sindicatos, las instituciones educativas, los servicios y administraciones públicas, los partidos políticos, y, más fundamentalmente, los individuos.

Palabras clave: España, crecimiento, responsabilidad, libertad

Abstract Spain is incapable of adopting the reforms needed for economic growth and there is fear of lasting stagnation. The roots of this paralysis go deep. We have always reacted late and wrongly in times of crisis. Fortunately, we have reason to be more optimistic now than in the past. We have the right people so all we need to get over the crisis is to remove the barriers to growth. The reforms needed are related to freedom and competition but the real common denominator is responsibility. Our democracy will only be mature when we have truly understood that rights involve duties and that freedom requires responsibility. This principle has to be applied in every sphere of society—companies, trade unions, educational institutions, public services and administrations, political parties and, above all, individuals.

Key words: Spain, growth, responsibility, freedom

1. Un viejo error: No afrontar los problemas 

Al surgir la presente crisis, medio país cayó en la tentación de pensar que venía de fuera, que sufríamos los efectos pasajeros de una recesión internacional. Al hacerlo, reincidíamos en un error que ha sido causa tradicional de nuestro atraso económico: ser incapaces de reaccionar con rapidez cuando la bonanza exterior se desmorona.

Al menos desde la década de 1950, nuestra historia económica ha seguido las mismas pautas: reaccionamos tarde a las crisis, y la respuesta siempre consiste en liberalizar los mercados, lo que proporciona tasas de crecimiento rápidas y elevadas, superiores a las de nuestros vecinos europeos. Sin embargo, estas liberalizaciones quedan incompletas o se interrumpen, como si una vez pasada la urgencia el país se sumiera en la complacencia. A las reformas que acompañaron la estabilización de 1958 les sucedió la esclerosis de los planes de desarrollo, lo mismo que a las privatizaciones de la segunda mitad de los 1990 les siguió la parálisis reformista que sufrimos desde el año 2000. La reacción a la crisis actual está siguiendo la misma pauta, tratando los síntomas sin atacar las causas. Hasta ahora, sólo ha consistido en aumentar el gasto público. Y ello pese a que llevábamos ya años gastando en torno a un diez por cien más de lo que producíamos. Era lógico. Con tipos de interés negativos, era de esperar que los ciudadanos nos endeudáramos. E individualmente hemos reaccionado con sensatez a la crisis, reduciendo el endeudamiento privado. Nuestros Gobiernos, en cambio, no han sido tan juiciosos: ni antes de la crisis, porque apenas ahorraron ni aprovecharon la coyuntura favorable para introducir reformas que aumentaran la productividad; ni después, porque el actual Gobierno se ha limitado a sustituir deuda privada por deuda pública, posponiendo así un ajuste que tarde o temprano es inevitable.

2. Reformas pendientes 

Las medidas que deberían haberse impulsado hace años son las dirigidas a introducir competencia. Empezando por el mercado de trabajo, cuya regulación, heredada de la dictadura, impide que las empresas puedan nacer, competir y adaptarse al cambio, condenando a muchas de ellas a desaparecer. Lo más grave es que las reglas en vigor impiden crear puestos de trabajo en los que resulte rentable a todos —trabajadores y empresarios— invertir en “capital humano”. Y es ese capital el que necesita una economía moderna para lograr la productividad y el nivel de vida al que aspiramos: la verdadera clave de un nuevo modelo productivo.

El motivo reside que el actual contrato fijo no favorece las relaciones a largo plazo porque el empresario ha de seguir pagando al trabajador, sea cual sea la productividad y actitud de éste. Y, lógicamente, el empresario se protege; primero, evitando el empleo a largo plazo; y luego sustituyendo trabajo por capital. Lo hace así todo el que actúa como empleador, incluidos los propios sindicatos. Por su parte, los contratos temporales son improrrogables, lo que impide que sirvan para canalizar relaciones a largo plazo sin el riesgo de oportunismo que entrañan los contratos fijos. Se reservan así las relaciones a largo para la élite laboral, de modo que conviven hoy en España dos clases de trabajadores: de un lado, los “colocados” de contrato fijo; de otro, los temporales y autónomos, en gran medida jóvenes, mujeres e inmigrantes. La precariedad de estos últimos sólo sirve de excusa a los primeros para mantener sus privilegios y, en el fondo, impedir que puedan competir con ellos.

Esta dualidad del mercado de trabajo explica la anomalía de que, pese a nuestra elevada tasa de paro, la remuneración media por empleado siga aumentando. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2009, aumentó a una tasa del 4,4%, mientras que entre septiembre de 2008 y 2009, el paro aumentaba en 6,9 puntos porcentuales. Explica también por qué es tan difícil la reforma laboral: a una gran parte de la ciudadanía no le va mal con la situación actual. Sobre todo, a aquellos privilegiados que están en condiciones de disfrutar o de aspirar a esas colocaciones, cuando no a entregarlas en herencia.

Pero el mercado de trabajo no es, ni mucho menos, el único que sufre la falta de competencia y el desatino normativo. Por ejemplo, en la distribución comercial persisten restricciones a la entrada que además de favorecer la inflación, perjudican las relaciones con proveedores, contradicen la Directiva de servicios y bloquean inversiones en un sector que podría crear cientos de miles de empleos con rapidez. Como sucede con el alquiler de viviendas, actividad que, debido a normas introducidas por la dictadura de Primo de Rivera y reforzadas poco más tarde, pasó de ser un sector boyante en las primeras décadas del siglo XX, a sobrevivir solo en su versión “artesanal”, que es la del alquiler entre  particulares, y en buena medida gracias a su opacidad fiscal. O también, en un último ejemplo, con las cajas de ahorro, que también padecen incentivos perversos, pues quienes las controlan se benefician de  ellas mediante fraudes y proyectos ruinosos. Son sólo tres ejemplos de sectores en los que en las últimas décadas, lejos de introducir las reformas necesarias, hemos empeorado su regulación, excepción hecha de alguna reforma incipiente, como la que intenta acelerar los desahucios.

Tampoco los servicios públicos deben quedar al margen de las reformas. No necesariamente para reducir su tamaño, pero sí para que su dimensión empiece a depender de lo que cuesta mantenerlos. Debemos mejorar los incentivos: ligar la retribución de los funcionarios a su productividad y devolver a los usuarios cierto margen para elegir proveedor. No se trata de inventar sucedáneos, a veces mal llamados “mercados internos”, cuya gestión requiere burocracias enormes. Al contrario, la gestión de esos incentivos debe hacerse de modo automático. Un test de su aplicabilidad es su propio automatismo. Su objetivo es solo moderar el despilfarro, contener el doble derroche que se origina cuando los proveedores cobran lo mismo aunque no rindan y los usuarios pagan lo mismo aunque hagan un uso frívolo de los recursos.

La educación es un ámbito donde estamos desperdiciando la oportunidad de aplicar algunos de estos mecanismos. En lugar de facilitar que las familias puedan elegir centro y pese a la mayor demanda de los centros concertados, limitamos su crecimiento y, por tanto, restringimos la elección. Todo ello para mantener artificialmente la demanda de centros públicos que en otro caso no la tendrían. Lo lógico hubiera sido escuchar a los ciudadanos y reformar esos centros de menor demanda.  Pero estamos yendo en dirección opuesta, restringiendo a los que mejor rendían. Y algo parecido ocurre, en el fondo, con las universidades.

3. Reformas decorativas 

Las reformas que sí se acometen difieren de las que propongo. Son proyectos que aumentan el tamaño del sector público sin asegurar antes su eficacia; proyectos que se nos presentan como modernos sin serlo; y, sobre todo, que siempre resultan fáciles y hasta gratificantes para quien los promueve, pues se eligen y se diseñan de modo que nunca perjudiquen los intereses creados. Se explican así nuestras faraónicas inversiones en infraestructuras de rentabilidad dudosa, o las políticas  que, en el fondo, siguen tratando la educación como consumo y no como inversión.

¿Cómo hemos llegado a esta situación de parálisis reformista en los aspectos cruciales y  reformismo de escaparate en otros? ¿Qué impide a nuestros dirigentes llevar a cabo o, al menos, proponer los cambios profundos que requieren la recuperación económica y una auténtica modernización del país?

Cabe considerar dos hipótesis, en parte complementarias, según las cuales nuestro déficit de madurez se situaría en las instituciones o en los valores. Según la hipótesis del déficit institucional, el problema residiría en las deficiencias de nuestro sistema político para traducir las preferencias de los ciudadanos en acciones de reforma. Según la hipótesis del déficit de valores, las preferencias de los ciudadanos serían de por sí reacias a toda reforma auténtica, que requiera un mayor esfuerzo o un menor consumo a corto plazo, y ello por mucho que prometa resultados a largo plazo.

Me inclino a pensar que, aunque nuestros valores hayan empeorado, aunque nuestra ética de trabajo se haya empobrecido y nunca hayamos sido tan “católicos” en nuestro afán de borrar responsabilidades, la causa profunda de nuestros desatinos —y en todo caso la única manipulable— reside en nuestro déficit institucional. Intentaré explicar por qué, y esbozar cómo podemos empezar a arreglarlo.

4. El déficit institucional 

Nuestro sistema político representa mal la voluntad de los ciudadanos. Sucede, en el fondo, que también en el terreno de las instituciones la competencia es escasa y está distorsionada. Sobre todo en el “mercado político”, donde unos pocos partidos disfrutan de notables barreras a la entrada, practican la endogamia y un creciente nepotismo, y carecen de democracia interna. La competencia brilla por su ausencia, y ello por dos razones. Primera, los partidos son una especie de empresa pública. Se financian del erario, cuando no de la corrupción, y en ambos casos con base en su cuota previa de  mercado, lo que favorece a los ya instalados. Segunda, las listas cerradas impiden que los políticos puedan desarrollar marcas y reputaciones personales. Dedicarse a la política resulta así poco atractivo: es inseguro y no se premia la competencia sino la fidelidad. Esta combinación se acaba traduciendo en “selección adversa”: los malos expulsan a los buenos. En consecuencia, la calidad media de los políticos disminuye en el tiempo y tal vez sea ya inferior a la del país que gobiernan.

Falta también competencia en el “ “mercado de las ideas”, que sufre la escasa diversidad, alta concentración y control político de los medios de comunicación, amén de otros males, como la manipulación de las estadísticas oficiales, aun a costa de montar programas públicos con ese fin (el caso de los “demandantes de servicios previos al empleo”). Para empeorar la situación, toleramos que los gobernantes usen la publicidad institucional para promocionar sus acciones, disfrazar los problemas y, en algún caso, coaccionar a los medios. Ante una sequía causada porque la mayor parte del agua se despilfarra en roturas reparables y riegos improductivos, algunos gobernantes han obtenido rédito electoral de gastar recursos en crearle mala conciencia al consumidor urbano, y ello pese que este consumidor paga por el agua un precio varias veces superior al óptimo social. Si hay crisis económica, aumentan el tamaño de los letreros que anuncian las obras públicas. Si se suprime la publicidad comercial en una televisión pública, la sustituyen por autobombo y propaganda disfrazada de cultura.

En resumen, falta información y sobra propaganda. Pero aun es más grave la falta de transparencia, tal que permita al ciudadano informarse sin coste. Muchos españoles son inconscientes de los dilemas económicos que confrontan porque no pueden verlos. En los dos últimos años, el valor esperado de las pensiones futuras se ha reducido tanto o más que en Estados Unidos. Los estadounidenses lo saben porque muchas de sus pensiones están invertidas en bolsa, mientras que en España el sistema público esconde su fragilidad. Lo mismo sucede con todo tipo de impuestos: los precios de venta al público incluyen y disimulan el IVA; las retenciones sobre la renta son invisibles y se diseñan para que la mayoría de trabajadores obtenga una cuota diferencial “a devolver” cuando declara su IRPF; y también se oculta el coste de la seguridad social, ocultación favorecida en este caso por la falacia de separarlo contablemente en cuota patronal y obrera, como si no recayeran ambas sobre la contratación laboral.

Todos estos mecanismos llevan a que el ciudadano no sienta que es él quien paga los impuestos y, en la misma medida, sepa sin esfuerzo que es él quien financia el gasto público. Para que los ciudadanos seamos mayores de edad en materia económica no es tan importante nuestra educación o la información que recibimos, como que los impuestos que pagamos sean transparentes. Es preciso que podamos informarnos de forma automática y sin esfuerzo.

Esta opacidad del sistema perjudica la acción de gobierno, ya que la demanda social de soluciones radicales es mucho menor que en otros países. En consecuencia, tardamos más en responder a las crisis. No es casual que los gobernantes actuales hayan actuado como en los años 1970: tras una primera fase de negación, pasan a otra de paños calientes, en la que perdemos varios años. Corremos incluso el riesgo de caer en un pozo del que resultaría difícil salir. Todo menos afrontar una realidad desagradable: que o reducimos drásticamente el consumo o introducimos reformas estructurales y, a corto plazo, dolorosas.  Por otro lado, los gobernantes pueden disponer de los fondos públicos con mayor discrecionalidad, pues no castigamos en las urnas el despilfarro y a menudo ni siquiera la corrupción.

¿Por qué? La razón es simple: no nos duele, no sentimos que se esté derrochando nuestro dinero, sino el de los demás. Bien pronto que reaccionamos, en cambio, cuando nos tocan lo que sentimos como nuestro. No toleramos, por ejemplo, que se juegue con el dinero de nuestra comunidad de vecinos.

5. El déficit de valores 

No hay duda de que muchas instituciones españolas son mejorables. Pero quizá la causa principal de que no se reformen tiene que ver con los valores, en concreto, con los que sustentan la indolencia de buena parte del electorado. Puede que, en realidad, esas instituciones estén favoreciendo el tipo de sociedad, medio improductiva e injusta, que desea una gran proporción de ciudadanos: una sociedad conformista, modelo Sancho Panza.

Según esta hipótesis, buena parte de los ciudadanos no desea reformas que supongan más competencia, porque con ésta se trata en el fondo de asumir mayores responsabilidades y de repartir esas responsabilidades de forma equitativa. No es que las preferencias de cambio no lleguen al sistema  político, sino que las preferencias dominantes son acomodaticias e igualitarias a la baja, un problema en buena medida de valores. ¿Qué valores estarían detrás de esta indolencia conformista capaz de frenar el cambio?

En primer lugar, un sentimiento tan primitivo como la envidia, que sigue representando entre nosotros un papel primordial. Como sucede en todos los países, el español tiende a sabotear la competencia para proteger sus privilegios. La diferencia es que, además, impide que sus vecinos y colegas puedan trabajar más y vivir mejor. Desde las escuelas a las fábricas, ha aumentado la presión del grupo para no destacar, para no competir. Esperamos que quien triunfa comparta su éxito con la tribu y, si no lo hace, la condena colectiva es inmediata.

En segundo lugar, los valores no son espontáneos. Nos educamos en unos valores y convendría prestar más atención a los que transmitimos a nuestros jóvenes. Hemos enfatizado un exceso de educación para el consumo, más que para la producción; para el disfrute, más que para el esfuerzo. Quizá el déficit principal es el del autocontrol. En estos días, ha saltado la alarma de los medios de comunicación por la incidencia de la violencia doméstica sexista entre jóvenes. Ingenuamente, pensábamos que los jóvenes criados en la democracia, que han sido educados en la tolerancia, la igualdad y el pacifismo, estarían vacunados contra el sexismo violento. Es posible que esa educación en principios benevolentes tenga ese efecto positivo. Pero, aunque así sea, los datos apuntan a la presencia simultánea de otros factores negativos. En particular, es de temer que otra característica de la educación actual tenga un efecto, quizá más importante, en sentido opuesto: el que los jóvenes no han sido entrenados para controlar sus emociones, para ser dueños de sí mismos. Tal vez nuestros jóvenes sepan hoy mejor que ayer lo que deben hacer, pero me temo que son menos capaces de hacerlo. De ser cierta esta conjetura, padecerían un déficit de autocontrol, que podría estar manifestándose no solo en la violencia sexista sino, en general, en una menor capacidad media para posponer todo tipo de gratificación, lo cual llevaría a muchos de ellos a tomar malas decisiones en cuanto a aspectos esenciales, como son su educación, matrimonio, esfuerzo, ahorro y carrera profesional.

En tercer lugar, una de las pautas más arraigadas en un país de cultura tan católica como el nuestro es la mala gestión que hacemos del binomio libertad-responsabilidad: seguimos perdonando demasiado a posteriori, lo que nos lleva a controlar en exceso a priori. Las consecuencias son obvias en el ámbito penal, pero más importantes en el económico: perdonar el delito penal equivale a perdonar la ineficiencia económica. Si en el primer caso estamos castigando al que ha cumplido con la ley, en el segundo castigamos a la empresa que se ha esforzado en ser eficiente. Los países de cultura protestante tienden a ser más firmes, no les tiembla la mano al castigar y aceptan que las empresas ineficientes desaparezcan. Pueden prosperar con ello las empresas competitivas, permitiendo el proceso de destrucción creativa descrito en su día por Schumpeter. En cambio, entre nosotros, si una empresa quiebra, tanto si sus directivos la arruinan como si sus sindicatos la hacen inviable, encontramos natural que los gobiernos acudan prontos a rescatarlos con el dinero de todos. Acabamos así castigando a las empresas eficientes y destruyendo sus incentivos.  Además, como consecuencia lógica de nuestra incapacidad para castigar a posteriori al infractor y al ineficiente, pretendemos controlarlo todo a priori. Ante cualquier problema, solo se nos ocurre establecer controles universales, que afectan tanto a cumplidores como a infractores, sin dejar margen alguno a la responsabilidad personal. Cuando nos preocupan los accidentes de tráfico, llenamos el país de radares y badenes, en vez de castigar a quienes causan accidentes o atropellan peatones. Cuando algunas empresas cometen fraudes, sometemos a todas las demás empresas a una infinidad de controles a priori que, amén de costosos, acaban favoreciendo la corrupción. Pero, a la vez, apenas nos escandaliza que se dejen prescribir delitos flagrantes de personajes notables.

Además de controlar en exceso y a destiempo, nuestra incapacidad para castigar a posteriori nos hace también incapaces de liberalizar con sentido. Cuando alcanzamos a ver los males del exceso de control, identificamos bien la solución —una mayor dosis de libertad— pero solemos olvidar que la libertad exige responsabilidad. Sólo así se explica que la sociedad española esté plagada de instituciones y organizaciones “liberalizadas” que, de hecho, apenas dan cuenta de sus actos. Esta deficiencia básica afecta a órganos tan diversos como las universidades, los ayuntamientos o las comunidades autónomas, que gastan alegremente unos presupuestos que no recaudan. Afecta también a unos sindicatos subvencionados que ni siquiera se hacen responsables de las huelgas que convocan, y mucho menos de las empresas que acaban hundiendo. O a las cajas de ahorros, que han sido libres durante décadas para elevar los sueldos, invertir sin juicio y contaminar el sistema financiero, pero que ahora no sólo demandan que las salvemos sino que lo hagamos de forma “no traumática” para sus gestores y empleados.

6. Razones para el optimismo 

Pese a todos estos problemas económicos, institucionales y de valores, existen razones para el optimismo.

En lo económico, el marco europeo aún nos proporciona cierta seguridad. Aunque, desgraciadamente, ya no nos sirva como referencia de reforma. Hasta hace poco, las reformas eran obvias porque se decidían en Bruselas y no las discutíamos: sólo había que ponerlas en práctica. Ya no basta. Como demuestra la adopción incompleta que acabamos de hacer de la Directiva de servicios, hemos de aprender a reformarnos solos. Si no aprendemos, acabaremos necesitando que vuelvan a imponernos las reformas desde fuera. Pero eso ocurrirá solo tras aproximarnos a la insolvencia y ser rescatados por nuestros vecinos, algo que además de improbable resultaría gravoso: las reformas vendrían dictadas por sus intereses, no por los nuestros. Los mercados aún estiman para el Estado español una probabilidad moderada de insolvencia. Por lo tanto, aún hay tiempo. Pero cada vez menos: esa misma probabilidad está creciendo con rapidez y nos hemos puesto en una tesitura en la que incluso puede arrastrarnos al desastre la simple insolvencia —mucho más probable— de algún otro país europeo.

En lo institucional, España ha conseguido algunos logros notables. En el pasado reciente, realizamos una transición política importante con escasa conflictividad. Los momentos vividos a partir  de 1975 eran aun más difíciles, y, pese a ello, nos dotamos de unas reglas de juego que, aunque mejorables, nos han permitido avanzar. No es imposible recuperar ese espíritu para refundar la democracia española y hacerla adulta.

Sobre todo porque a las razones económicas e institucionales para ser optimistas se une el que contemos entre nosotros con muchas personas y empresas modélicas, tanto en su carácter como en sus logros. Su aparición demuestra que, cuando se dan apenas algunas circunstancias apropiadas, los españoles sí son capaces de superar las expectativas más ambiciosas. Su éxito refuta en parte la hipótesis de valores según la cual nos habríamos sumido en la complacencia de los nuevos ricos aun  antes de serlo.  Los observadores extranjeros se sorprenden de que España esté generando un número tan desproporcionado de deportistas que sobresalen a escala mundial. En los últimos años han proliferado talentos como Pau Gasol en el baloncesto, Rafael Nadal en el tenis o Fernando Alonso en la Fórmula 1. ¿Cómo es posible, piensan, que un país tan mediocre como España produzca tantos y tan buenos deportistas? Merece la pena indagar qué tienen en común estos individuos. Sus atributos definen todo un programa de qué pasos son necesarios para salir de la crisis y superar nuestras deficiencias seculares.

• Para empezar, todos ellos se dedican a una actividad muy competitiva pero bien regulada. Los deportes tienen normas claras y estables. Pueden invertir años para aprender a jugar en la confianza de que las reglas seguirán siendo las mismas, y que serán aplicadas con independencia y rigor por árbitros imparciales. Saben que si lo hacen bien podrán competir en igualdad de condiciones y que, respetando las reglas, cada uno puede actuar e innovar con total libertad.

• Sus incentivos son fuertes. Están bien remunerados, pero su retribución está ligada a su rendimiento: ganan mucho pero solo si lo hacen bien, y solo después de haber invertido años, de esforzarse día a día y de arriesgarse a fracasar. Y nadie habría ido a consolarles si hubieran fracasado.

• Desarrollan una actividad en la que la que no hay barreras a la entrada. Su decisión de competir no se vio frenada por la negativa de un funcionario a darles una licencia de  apertura, o el poder de una asociación gremial para capturar a varias generaciones de políticos regionales. Tampoco por el origen social, la nacionalidad o ningún otro  privilegio por el estilo.

• Han podido formarse en libertad. Desde niños, invirtieron en su formación gran parte de su tiempo y todo su esfuerzo. Pero a lo largo de sus carreras han elegido libremente a sus  entrenadores y demás recursos de apoyo en mercados competitivos. Su formación no ha estado condicionada por planes, conciertos y reformas educativas al servicio de ideologías caducas e intereses creados.

• Su vocación ha sido siempre global. No se andan con provincianismos y desde el primer día han estado dispuestos a trasladarse adonde fuera necesario para aprender. Gracias a ello, son hoy capaces de competir al máximo nivel.

• Observemos, por último, que son los primeros en culparse de sus fracasos, sin recurrir a las excusas al uso, en las que siempre son los demás o “el sistema” los responsables de los propios fallos.

Estas características no son exclusivas de nuestros mejores deportistas. Algunas empresas españolas son líderes mundiales. ¿En qué sectores actúan? Aquellos en los que, en relación a los países vecinos, la regulación era escasa (como los sectores de moda, hoteles o azulejos) o menos intervencionista y paralizante (el caso de la banca, las utilities o la construcción de obras públicas).  Sectores en los que, relativamente, la entrada ha sido libre y la competencia ha estado sujeta a reglas estables. Además, igual que los deportistas de élite, no se han contentado con el mercado nacional. Los logros de empresas como Zara, Mango, Pronovias, Meliá, Barceló, Porcelanosa, BBVA, Santander,  ACS, Ferrovial, Iberdrola o Telefónica demuestran que, cuando las reglas del juego están claras y existe libre competencia, los españoles son capaces de prosperar y crear empresas líderes a escala global.

También ayuda entender lo ocurrido en el sector de la construcción, al que últimamente se critica con frecuencia de forma errónea. Es cierto que presenta muchos aspectos criticables, como la  “sovietización” del suelo, con una inevitable secuela de corrupción generalizada. Así como los impuestos municipales ocultos, por los que en primera instancia el promotor y al final el comprador de la vivienda han de regalar al Ayuntamiento gran parte de los solares y construir las infraestructuras. O la incapacidad de sucesivos gobiernos para controlar el gasto público y aumentar la competencia en los servicios, reformas que hubieran permitido contener la inflación por debajo de los tipos de interés. En su lugar, toleraron que los tipos reales fueran negativos, a sabiendas de que la respuesta individual no se haría esperar: un endeudamiento desbordado y una burbuja inmobiliaria que llevó a construir casas hoy vacías y mal situadas.

Pero esos fallos no son achacables a la iniciativa privada y, en concreto, a las empresas  constructoras, sino a la incapacidad de nuestras instituciones para proporcionarles un campo de juego limpio y unos incentivos sensatos. Más aún: deberíamos admirar la capacidad de respuesta de nuestras empresas constructoras para responder a una demanda desbocada por esos tipos de interés negativos y  una inmigración tan masiva como repentina

Debemos preguntarnos cómo fue posible que, con unas estructuras productivas tan rígidas como las españolas, esas empresas consiguieran semejante despegue en tan poco tiempo. Y con aumentos relativamente moderados del coste de construcción por metro cuadrado (excluyendo, obviamente, el  aprovechamiento del suelo, de cuya escasez y deficiente uso son responsables las administraciones  públicas).

Debemos preguntarnos, en especial, por qué las empresas de la construcción fueron más capaces  que las de otros sectores para aprovechar esa coyuntura crediticia tan favorable. Es cierto que a las constructoras no se les pedía que hicieran algo nuevo, sino lo mismo que venían haciendo, pero a mayor escala. El crecimiento de la construcción no requiere grandes dosis de innovación; es  fácilmente escalable. Pero, además, la contratación laboral de la construcción es flexible; y ello explica la prontitud con que fue capaz de responder a la demanda. ¿Se imaginan cuántas casas hubieran quedado sin construir si no rigieran en la construcción reglas laborales relativamente flexibles?

En este punto, el sector de la construcción (lo mismo que todos aquellos basados tradicionalmente en las subcontratación de autónomos, como el transporte por carretera) encierra una lección importante: Si queremos que nuestras industrias puedan aprovechar sus oportunidades y ventajas  comparativas, permitamos que puedan reaccionar con la misma prontitud y flexibilidad. Hoy por hoy,  no lo estamos haciendo.

7. Conclusiones 

Los españoles nos encontramos en una encrucijada histórica. Hemos de decidir qué nivel de vida deseamos alcanzar y, como consecuencia, qué valores deben organizar nuestra convivencia. Las lecciones de la historia, de nuestros mejores deportistas y de nuestras empresas son claras: Para volver a las senda del crecimiento y recuperar la confianza debemos pensar en términos de libre competencia: una competencia en libertad pero con reglas estables e iguales para todos, y no solo en la empresa sino  también en la política y los servicios públicos.

Más en general: necesitamos introducir en todos los ámbitos mayores dosis tanto de libertad como  de responsabilidad personal. La tarea es menos difícil de lo que parece, pues nuestro potencial de desarrollo es alto. En el pasado, cada vez que nos abrimos a la competencia, el despegue económico  fue inmediato. En la actualidad, contamos, además, con una pluralidad de valores y experiencias  competitivas de las que hace décadas carecíamos. No hace falta planificar el desarrollo de un nuevo  modelo económico. Solo se requiere liberar el potencial de nuestra economía, hoy lastrado por un  cúmulo de restricciones y complejos propios del pasado siglo. Además, el consenso político acerca de  reformas radicales en favor de la competencia debe ser posible, ya que dichas reformas crearán una  sociedad más justa y son la única vía para financiar el gasto público que requiere la política social  progresiva que la mayoría de partidos defiende.

Muchos dudan que baste con reformar las instituciones. Creen que nuestros fallos son más profundos, que residen en nuestros valores, y que nuestros políticos se limitan a ejecutar las decisiones cómodas que desea un electorado indolente. No comparto un juicio tan pesimista. Contamos con las personas y los valores adecuados. Y si algo bueno tiene la actual crisis, es que ha puesto de moda el esfuerzo y el sacrificio. Lo que necesitamos con urgencia son las reformas que generalicen el entorno  del que han salido nuestros mejores deportistas y empresas. Un entorno de libertad para emprender y de responsabilidad, tanto por los éxitos como por los fracasos. Un entorno en el que puedan ejercerse esos mismos valores de competencia, esfuerzo y responsabilidad que todos ellos atesoran. Al atisbar ese entorno, la mayoría de los españoles responderá con la actitud adecuada.

http://arrunada.org/Files/Research/%2fARRU%C3%91ADA%202010%20Democracia%20Adolescente%20Procesos%20de%20mercado.pdf

Deja un comentario