La deferencia hacia los criminales

Cuando en un país el ciudadano medio se ve hostigado en su día a día por los agentes públicos con sus múltiples licencias, multas, impuestos, trabas administrativas de toda clase y condición… mientras los mismos agentes públicos, como jueces y políticos, se empeñan en demostrar la mayor de las deferencias hacia corruptos, ladrones y miembros del crimen organizado es que algo falla por la base y amenaza con llevarse el mismo sistema por delante.

No exageramos: cuando hasta los sindicatos de la Policía, en este caso la Confederación Española de la Policía, se ven en la obligación de denunciar la “escandalosa impunidad” de la que se prevalen actualmente las bandas mafiosas, debida a decisiones en los tribunales dirigidas a poner en libertad a los delincuentes a velocidad exprés, es que las cosas ya han ido muy lejos y no da la impresión de que se trate de casos aislados.

“Individuos con decenas de arrestos por hechos graves tienen la certeza de que pueden reincidir en sus delitos sin mayor problema. Es hora, por tanto, de hacer un llamamiento a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, para evitar que la sociedad española tenga que seguir padeciendo la actividad delictiva sistemática e impune de determinados grupos criminales”, expresó esta misma semana la CEP.

Qué se puede esperar, evidentemente, de un régimen en el que el Gobierno -cualquier Gobierno- tiene por costumbre, según se constituye, establecer líneas de comunicación con la organización criminal del separatismo vasco ETA para tratar de conocer cuáles son sus propósitos. Tampoco exageramos en este caso, pues toda la retórica de los dirigentes del actual Ejecutivo popular no logra ocultar la presencia de delegados políticos de la citada organización criminal en las instituciones democráticas.

En todo caso, el director general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó, respaldó la denuncia policial al incidir en que aparte del trabajo de las FSE contra las mafias “hace falta respuesta penal” a sus actividades delictivas, porque de lo contrario, añadimos por nuestra parte, aquel resulta estéril y el de los jueces, contraproducente. Sin embargo, son tantos años ya de laxitud con el que infringe la Ley que lo más probable es que la denuncia caiga en saco roto. Hasta que algún día el daño sea irreparable.

MARTÍN JAURRIETA

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